Qué consecuencias tiene que WhatsApp o Telegram pasen a ser consideradas ‘operadoras’ | Tecnología

El Gobierno prepara una nueva Ley de Telecomunicaciones con la que considerará a apps de mensajería como WhatsApp como ‘operadoras’ y tendrán que asumir nuevas obligaciones administrativas, incluyendo el pago de una tasa.

WhatsApp, Messenger o Telegram serán considerados operadores y tendrán que pagar la correspondiente tasa. Es lo que se desprende del anteproyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que se ha presentado este viernes y ya está en período de exposición pública. Los ciudadanos pueden presentar alegaciones a través de este enlace.

En concreto, en el artículo 6.3 del nuevo anteproyecto de Ley se plantea que «los interesados en la prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas interpersonales independiente de la numeración disponible al público deberán, con anterioridad al inicio de la actividad, comunicarlo previamente al Registro de Operadores».

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ha despejado varias dudas en un briefing con periodistas este viernes por la mañana. Los servicios de comunicaciones electrónicas «independiente de la numeración» es un abrigo en el que caben apps de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram.

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Esto implicará que WhatsApp, Telegram, WeChat, Messenger o cualquier app de mensajería que no dependa de una línea telefónica convencional también estará obligada a «satisfacer una tasa anual que no podrá exceder el 1 por mil de sus ingresos brutos de explotación».

Esta tasa ya la recoge la Ley General de Telecomunicaciones en vigor, del año 2014, en su anexo«Por primera vez se regulan los servicios de comunicación interpersonales no basados en numeración o de mensajería», detalla el propio Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en un comunicado publicado este viernes. «Se imponen obligaciones de carácter administrativo, como la inscripción en el Registro de Operadores».

Este Registro de Operadores, hasta ahora gestionado por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) pasará a estar controlado por el propio ministerio de la vicepresidenta Nadia Calviño.

Una tasa cuyo cobro será improbable

Aunque el Gobierno ya tiene luz verde de las Cortes para aplicar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, más conocido como tasa Google, el Ejecutivo de momento no ha dado ningún paso en ese sentido.

Las negociaciones con Estados Unidos siguen siendo insalvables, después de que Donald Trump se levantara este verano de la mesa de negociaciones en la OCDE. Ahora la ministra de Hacienda ha pasado la patata caliente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la defensa de ese impuesto. Los países que han trabajado en el desarrollo de este nuevo tipo temen represalias comerciales por parte de la potencia norteamericana.

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Una tasa similar, la tasa GAFAM, sigue congelada en Francia. Aunque entró en vigor tras su aprobación a mediados del año pasado, todavía no se ha cobrado. Las tecnológicas ya están aumentando los precios de sus servicios en los países en los que hay impuestos aprobados, como os contábamos hace unos días.

Sin embargo, hablar de una tasa Google bis para referirse a la tasa de operadoras todavía queda mucho camino. Esta tasa solo se aplica a operadores que superen el millón de euros en ingresos brutos, y como recoge el texto legal que la regula, no puede ser superior a un uno por mil. En otras palabras: si una compañía registra un millón de euros en ingresos, pagará 1.000 euros de tasa.


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No obstante, el secretario de Estado de Telecomunicaciones ha matizado en su briefing con los medios que este tipo solo se aplicaría en las divisiones de negocios sobre apps de mensajería, y no sobre la facturación total de Facebook —propietaria de WhatsApp o Messenger— o Google.

Para hacerse una idea de por qué esta tasa de operadoras quizá nunca llegue a aplicarse a estos nuevos ‘operadores’, valga recordar que en 2018 Facebook solo pagó unos 860.000 euros en impuestos en España, cuyo negocio alcanzó ese año los 112 millones.

Artículo original de Alberto Aguiar para Business Insider

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